Por: Diego Hernán Armesto
Hace pocos días, la Cámara de diputados de la Nación, dio media sanción a la Ley de Presupuesto, la prórroga del impuesto al cheque, y una vez más se extendió la “emergencia económica“.
La emergencia económica fue una Ley sancionada en Enero de 2002, frente a la crisis existente en aquel momento, el poder legislativo declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaría, delegando al Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la nombrada ley, hasta el 10 de diciembre de 2003. Como bien puede observarse, el plazo establecido era de casi de más de un año.
La Constitución Nacional le otorga esta facultad al Congreso Federal, estableciendo en el Art. 76 lo siguiente: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”. Como puede observarse la “delegación” está prohibida, salvo en los casos de “emergencia“.
La realidad nos indica que desde el año 2002 a la fecha, la emergencia fue prorrogada cuantas veces el Poder Ejecutivo necesitó mantener facultades propias del Congreso en su poder, esto es así por cuanto existen momentos donde se encuentra en juego el interés público y el Bien Común existe la posibilidad que el Congreso cree este tipo de excepcionalidad, para que ese contexto el Estado pueda tomar medidas para paliar esa situación anormal. El problema es saber hasta qué punto esas medidas son razonables.
Es necesario tener presente que “emergencias” son las “(…) situaciones que derivan de acontecimientos extraordinarios, imprevisibles o bien inevitables con los recursos ordinarios, y que tienen una repercusión muy honda y extensa en la vida social, de suerte que demandan remedios también extraordinarios (…)“.
En tal sentido, luego de 10 años de crecimiento, y donde constantemente se declama desde la tribuna que es una “década ganada”, la necesidad de prorrogar la emergencia (estado excepcional y supresión del estado normal de la ley) es casi inconsistente e irrazonable, en algún momento, debemos sincerar la realidad económica, social, política y cultural de la República. Es hora entonces de dejar de vivir “en emergencia” para pasar a vivir en la normalidad y la plena vigencia de la Ley.