Por: Diego Hernán Armesto
En una extensa nota publicada por el matutino Página/12 el pasado domingo, el Secretario de Justicia y representante del Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Julián Álvarez, afirmó: “Ojalá pueda convencer a los jueces de este país. No quiero convencerlos de que sean kirchneristas, quiero convencerlos de que un país inclusivo y pensar en el otro es importante; venimos de un país demasiado ensimismado, del sálvese quien pueda, quisiera que los jueces hagan política a través de sus sentencias mirando al más débil“.
Como es usual en los integrantes del gobierno actual, en sus declaraciones se impone la caprichosa impronta de darles un significado distinto a las palabras, tergiversándolas en su auténtico sentido y, en éste caso, subiendo un peldaño más en la escalera de desconocer y confundir la finalidad institucional de los poderes del Estado.
El aporte de Álvarez al diccionario político argentino de que “los jueces hagan política a través de sus sentencias mirando al más débil“, debería tener presente que, en primer lugar, es fundamental asegurar a toda persona el derecho de acceso a la justicia. Antes de bregar para que los jueces sólo “miren al más débil”, es preciso crear inicialmente los mecanismos suficientes que permitan un acceso
más ágil y eficiente a la Justicia. Por ese camino, más concreto y menos “relatado”, estaría garantizado el primer paso hacia la igualdad ante la Ley.
En referencia a la propuesta de que “los jueces hagan política” es necesario tener en claro que cuando la política entra al Poder Judicial, la Justicia sale por la ventana. En tal sentido debería comprenderse la intención del convencional constituyente de 1994, que al momento de sancionar la reforma y la creación del Consejo lo hizo con la intención de “despolitizar la selección” de los magistrados. De este modo, en su conformación sería fundamental el equilibrio para garantizar todas las voces y oxigenar así al Poder Judicial para dotarlo de mayor independencia. Fue así que se buscó descomprimir ese “toma y daca” que denunciaría en 1996 la entonces Senadora Cristina Fernández de Kirchner al momento de modificar la Ley que regula el Consejo de la Magistratura.
“Ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad, mientras no ha tenido asegurada su justicia…”. Esta frase nos compromete a construir una administración de la justicia separada de los avatares políticos, sustentada en la igualdad y que resguarde los valores republicanos y democráticos. De otro modo, dejaría de ser justicia para convertirse en una institución degradada por rencillas coyunturales y al servicio de mayoría circunstanciales.
Estamos nuevamente ante un desafío político, pero también ideológico y porque no, semántico. “Volvió la política” pareciera que anuncian con ánimo épico los funcionario del gobierno, y yo digo que la política nunca se fue ni se irá de los actos de los seres humanos, pero hay que estar atentos de aquellos que actúan, tal cual los definiera Giovanni Sartori, como “los enemigos de la democracia no han encontrado otro medio mejor para atacarla que hacerlo en su propio nombre“.