¿En qué consiste la demanda?

En lugar de pedir una indemnización, el objetivo es que las tabacaleras creen un fondo fiduciario que genere al año lo que gastan el Estado y las empresas privadas en la atención médica de miles de ex fumadores con enfermedades provocadas por el cigarrillo.

El formato es toda una novedad…

Se pensó una estrategia nueva: en vez de ir contra las empresas en representación de los damnificados se buscó que el Estado sea beneficiario. Es otra lógica para que no haya cataratas de juicios de fumadores, pues los montos serían incalculables, mientras que el Estado tiene claro cuánto gasta. Las empresas creen que con los impuestos se están haciendo cargo del reintegro, pero no es así, no alcanza.

¿Qué ventaja tiene realizar una acción colectiva?

Si esto lo hubieran hecho personas particulares no hubieran llegado muy lejos porque la Justicia no está preparada y los jueces tienen miedo. Teniendo como beneficiario al Estado lo van a pensar dos veces.

Entonces la ventaja es multiplicar la presión social…

Desde un punto de vista táctico, sí, porque es un litigio de gran envergadura que a la gente le importa. Y hay un interés público porque hay varios afectados. Lo que necesita ahora es difusión en los medios.

¿En qué estado se encuentra el juicio?

Está en etapa probatoria. Pero para llegar hasta aquí hubo que atravesar ocho recursos de las tabacaleras, incluido uno que no existe. Ninguno prosperó.

Si la Justicia falla a su favor, ¿qué ganarían los beneficiarios?

El derecho a una atención médica no sólo gratuita, sino también de calidad. Esto último es importante porque cuanto menos pagás, antes te morís.

Pero su planteo no abarca a todos los fumadores, sino a los que comenzaron a fumar hasta 1988 y abandonaron el vicio antes de 1998. ¿A qué se debe tanta precisión?

Como ninguno de los 300 juicios conocidos de particulares contra las tabacaleras prosperó, estudiamos cómo hacerlo de otra manera y lo limitamos por una razón lógica-temporal: no es lo mismo la información y la publicidad que había antes que la que hay en la actualidad, y la leyenda “Fumar es perjudicial para la salud” se implementó en 1986. Hoy el que fuma sabe lo que hace el cigarrillo. ¿Pero en los ’70 lo sabía?

¿Qué pasa con las personas que quedaron afuera de la demanda?

Lo lamento. Es arbitrario. Sino el juez tendría que aceptar a todo el mundo.

¿Es una actitud realista?

Totalmente. Soy idealista hasta cierto punto, porque también soy abogado.

¿Qué defensa plantearon las demandadas?

Trataron de tirar abajo la demanda diciendo que no existe mi proposición, que es nula porque no es una acción que sirva en el derecho argentino, que está prescripta y que no tengo legitimidad.

Justamente uno de los motivos por los que fracasaron la mayoría de las demandas que se entablaron contra las tabacaleras en Argentina fue porque los jueces concluyeron que los reclamos habían prescripto. ¿Cómo piensa sortear ese obstáculo?

Primero, el reclamo no apunta a los daños que ya está sufriendo la gente, sino a los futuros. Es preventivo. En otras palabras, no hay prescripción porque todavía no hay daño. Por otra parte, la demanda la encara una asociación recién constituida, por lo que la prescripción no rige para ella.

El otro motivo por el que rechazaron muchas demandas fue porque los jueces consideraron que no se pudo probar la relación de causalidad entre fumar y los daños a la salud…

No hay que probarla, porque aquí el problema es económico. Lo que se debate esencialmente son los gastos que sufre el Estado. En todo caso, la relación de causalidad va a ser discutida en la etapa de ejecución, cuando los afectados se presenten para ser beneficiarios. No obstante, en la demanda hay una presunción establecida de que cuando enferma un fumador de determinadas características y edad es por el cigarrillo.

Se suele decir que el que no hay juicios contras las tabacaleras en Argentina porque el que pierde su funde pagando los gastos. ¿Tenés miedo?

La única excepción para no pagar costas es que se trate de un planteo original. Apuesto a eso. Además, las acciones colectivas están beneficiadas por la justicia gratuita. Y hay muchos fallos que lo ratifican, incluso de la Corte Suprema. Igual, no tengo miedo. No me importa fundirme.

¿Usted fuma o fumó?

No. Pero es un tema que me toca de cerca por gente que acompañé hasta el final en su enfermedad. Tengo una persona cercana que antes de morir me dijo: “Lo único que me arrepiento en esta vida es haber fumado”.

“Massalin Particulares aprovecha que la mayoría de las personas no sabe que el cigarrillo tiene una fecha de consumo preferente y mantiene indefinidamente en el mercado un producto que no pasaría el más mínimo examen de calidad”, explicó a #MalditaNicotina el abogado marplatense Máximo Sabater, quien demandó en septiembre del año pasado a la empresa por esa irregularidad.

Casi todos los productos de consumo tienen fecha de vencimiento. Incluso los que casi no se deterioran con el tiempo. Ocultarla permite acumular mercadería, una ventaja desleal y a costa de los consumidores, en este caso adictos, muy redituable en un contexto inflacionario como el actual. Todo lo que produce se vende.

En su línea de atención al cliente, Massalin Particulares reconoce que la fecha de caducidad “no se encuentra impresa”. Y admite: “En condiciones normales nuestros productos se mantienen frescos durante 10 meses. Después de ese período puede ser que no perciba el sabor que está acostumbrado”.

Entonces, si vence, ¿por qué no figura la fecha de caducidad? “La ley no lo requiere”, fue la respuesta a la consulta de este blog. No es verdad.

En su artículo 4º, la Ley de Defensa del Consumidor exige que el proveedor suministre “en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes”. Su importancia la interpreta Sabater: “Es todo lo que puede cambiar el consentimiento del comprador. Por ejemplo, nadie adquiriría un producto fabricado hace 3 años si al lado le ofrecen uno hecho la semana pasada”.

En Massalin Particulares ensayan una insólita justificación: “La compañía se encarga de asegurar que todos los productos tengan una alta rotación”. O sea que los consumidores dependen de la buena fe de una empresa que durante décadas ocultó los daños que provoca el cigarrillo a la salud.

Además del tabaco, los cigarrillos tienen otros componentes que se ven afectados por el paso del tiempo, como el papel o el filtro. Lo mismo ocurre con los aditivos. Pero cuando este blog se lo preguntó a Massalin Particulares, la respuesta fue una evasiva: “No podemos informarle”.

Decomiso

La demanda de Sabater, presentada junto a su colega Daniel Romeo, ya fue contestada. El próximo paso  es la apertura a prueba del expediente, que tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7 de Mar del Plata.

No obstante, los actores solicitaron una medida cautelar para que al menos en el partido bonaerense de General Pueyrredón se secuestren todos los atados de Massalin Particulares hasta que se verifique que cumplen con la ley. Antes que nada, la jueza Daniela V. Basso de Cirianni debería pronunciarse sobre esa petición.

“Nos dicen que vamos por la plata, pero no pedimos una cifra. Nuestro objetivo principal es que pongan la fecha de caducidad. Y, por supuesto, que se multe a la empresa teniendo en cuenta los montos de gran envergadura que manejan”, especifica Sabater.

La aclaración final no es menor: la ley contempla una sanción económica de hasta 5 millones de pesos, una cifra irrisoria para una industria que maneja miles de millones al año. Por caso, en una demanda gemela realizada en España se sugirió una multa de 150 millones de euros.

“En nuestro caso, por las presiones del sector terminaron archivando la demanda. No siempre se gana aunque se tenga razón”, comentó a #MalditaNicotina Hermenegildo García García, coordinador Ausbanc Consumo, la asociación que impulsó la denuncia en España, donde ningún paquete lleva fecha de consumo preferente.

En Argentina, en cambio, Nobleza Piccardo (Camel, Lucky Strike, Jockey, Kool) coloca la tibia advertencia “Mejor antes de” y una fecha.

¿Fecha codificada?

En su demanda, Sabater y Romeo concluyen que Massalin Particulares codifica una fecha.  “No lo negaron en su contestación porque está acabadamente probado”, alega Sabater.

El sistema de codificación constaría de dos números y una letra, que figuran en la estampilla fiscal (foto). “El primer número identificaría el año, el segundo, la semana, y la letra, el mes”, precisa Sabater.

Los abogados decodificaron las letras correspondientes a los meses de la siguiente manera:

Así, por ejemplo, el código 31O remitiría a la primera semana de junio de 2013. Lo que no está claro es si se trata de la fecha de consumo preferente o de elaboración.

Sin embargo, en su línea de atención al cliente Massalin Particulares asegura que “es un código de fabricación interno”.

La demanda nada dice de la presunta responsabilidad que le correspondería al Estado. Tampoco se pregunta si el cigarrillo vencido es aún más dañino. “No nos metimos con esos temas para evitar la discusión”, pormenoriza Sabater. Frente a una justicia lenta, evitar la controversia acorta los tiempos. Quedará para otro juicio.