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¿El derecho a la vida admite excepciones?

El 4 de noviembre de 2014 la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados debatió el proyecto de ley de aborto libre y legal. Fueron casi 4 horas de exposiciones que reflejaron buena parte de los argumentos que se utilizan a favor y en contra del aborto. En este breve comentario no vamos a analizar todo el debate, sino que queremos detenernos en un aspecto vinculado con el derecho a la vida y que suscita nuevas problemáticas que no pueden ser ignoradas.

Algunas intervenciones en favor del proyecto de aborto señalaron que la protección del derecho a la vida se reconoce “desde la concepción” aunque en forma “gradual e incremental”. Para esta postura, no se niega que el niño por nacer sea persona, pero se sostiene que su derecho a la vida no es “absoluto” y admitiría excepciones fijadas por ley. Esta línea argumental también se utilizó para responder a las afirmaciones que señalan que el código civil recientemente sancionado reconoce que la existencia de la persona se produce en la concepción. Para la misma postura favorable al aborto, la “personalidad” del código civil no tendría incidencia en materia penal y en lo penal se podrían dar “excepciones” a la protección de la vida.

Ante estas argumentaciones nos preguntamos: ¿Quién decide cuándo una vida puede ser vivida y cuándo no? ¿Habría algún caso en que sea legítimo quitar la vida a un ser humano? ¿Cuáles serían las razones que impedirían quitar la vida antes de nacer y no después de nacido? ¿Qué impediría que los más fuertes decidan sobre la vida de los más débiles si el derecho a la vida no es absoluto?

La doctrina de los derechos humanos se hizo fuerte a partir del respecto irrestricto y sin excepciones del derecho a la vida. Los proyectos de aborto ponen en jaque esas posturas y debilitan la inviolabilidad jurídica de cada vida humana. Ello mina las bases de la convivencia social y convierte a la vida humana, y por tanto a la persona humana, en un bien disponible. Por todo ello, entendemos que en lugar de legalizar el aborto, hay que trabajar por políticas públicas que coloquen en el centro la protección de cada vida humana, ya sea de la madre como de su hijo.

 

El caso “Brittany” y la eutanasia

El caso de Brittany es dramático y conmueve porque deja en evidencia las tensiones extremas que vive quien enfrenta un diagnóstico de enfermedad terminal. Dos aspectos quisiera resaltar:
1) Por un lado, se menciona a menudo la autonomía y la libertad de elección como fundamento de la decisión de aplicar la eutanasia. Las dudas de Brittany, la postergación y su eventual arrepentimiento, dejan en claro que tal supuesta autonomía no es tal. A menudo es una autonomía ficticia, construida “recortando” a la persona de su entorno vital, de las múltiples situaciones que la rodean. ¿Quién está en condiciones de decidir terminar con su vida? En el fondo, subyace una verdad antropológica: la vida es siempre un don y como tal no es un bien disponible por nadie. Y en las más dramáticas circunstancias de enfermedad, la dignidad del moribundo requiere extremar los cuidados y el acompañamiento auténticamente compasivo y médico, que nunca puede consistir en quitar la vida al enfermo.
2) Por el otro lado, en Estados Unidos el caso ha sido utilizado para promover una campaña en favor de la legalización de la eutanasia y parece que la misma Brittany en su dramática situación es instrumentalizada en función de objetivos extraños a su cuadro médico. Ella queda expuesta a las opiniones de todo el mundo, sin respetarse el clima de intimidad y acompañamiento que requiere el momento.
En tal sentido, comparto la opinión de Ashton Ellis publicada hoy en Public Discourse quien sostiene que la página web oficial de la campaña iniciada por Brittany refiere a un grupo llamado “Compassion & Choices” y que dicho grupo no tiene por finalidad mejorar los cuidados, sino “ayudar a la gente a evitar los cuidados médicos que necesitan quitándose la vida”.
Nos unimos a todos los que han pedido a Brittany que revea su decisión, ya sea a través de las redes sociales, como en la oración, para que nuestra sociedad sea una sociedad capaz de incluir a todos, incluso en las circunstancias más dolorosas de la vida.

¿Embriones para investigación?

Varias comisiones de la Cámara de Diputados debaten en estos días un proyecto de ley sobre fecundación artificial. La novedad es que se permitiría generar embriones humanos con fines de investigación. En efecto, la redacción del articulado permite destinar a investigación los embriones al término de su conservación en un plazo de 10 años (art. 12), pero ese plazo puede ser “abreviado” por las personas o parejas a su voluntad (art. 13). De este modo, podría darse el caso de una persona que conciba embriones, los congele, luego “abrevie” el plazo y los destine a investigación. Incluso respecto a los embriones “viables” el proyecto sostiene que podrán ser utilizados en investigación si se respetan “parámetros” fijados por la autoridad de Aplicación (art. 14). El proyecto también permitiría “descartar” embriones humanos, ya sea por ser “inviables” o bien por vencerse el plazo para su congelación.

Poderesos intereses biotecnológicos buscan una expansión y para no despertar sospechas se enmascaran bajo la apariencia de “progreso” o de solución de la infertilidad. Es paradójico que se llame progreso a técnicas que generan vidas humanas para ser destruidas y utilizadas como material biológico para experimentación. También es paradójico que se presente como solución a la infertilidad a unas técnicas que no atacan las causas reales de la misma sino que generan embriones para luego descartarlos y basan su supuesto éxito en generar muchos embriones para elegir los más aptos y eliminar los restantes.

El nuevo Código Civil y Comercial había indicado la necesidad de que se dicte una ley de “protección del embrión no implantado”, pero parece que la Cámara de Diputados avanza en una línea de “desprotección” que se inscribe en la “cultura del descarte”.

Mientras que es necesaria la inversión en buscar soluciones a la infertilidad, es igualmente necesario suspender el uso de las técnicas de fecundación artificial, especialmente extracorpóreas, que se expanden explotando las buenas intenciones de mucha gente y convirtiendo a la vida humana en un producto sometido a “controles de calidad” y a una manipulación incompatible con la dignidad humana.

Código Civil: La concepción en el centro del debate

Finalmente, luego de un largo proceso iniciado en 2011 que tuvo grandes intervalos en “silencio” en su tratamiento parlamentario, se sancionó el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación Argentina.
Para la bioética personalista, el nuevo Código Civil es merecedor de críticas de fondo, pues legitima casi sin límites las técnicas de fecundación artificial, debilita los vínculos sociales y tiene una matriz marcadamente individualista que exalta la autonomía.
En el centro del debate estuvo el ya “famoso” artículo 19 que, en la versión finalmente aprobada, dispone: “ARTÍCULO 19.- Comienzo de la existencia. La existencia de la persona humana comienza con la concepción”.
¿Qué podemos decir de este artículo? Por un lado, una constante e ininterrumpida tradición jurídica en nuestro país reconoce que la vida humana comienza desde la concepción. Y ello no sólo por motivos vinculados con el debate de aborto, sino también por las raíces que tenemos en el derecho romano. En Roma se había acuñado el principio: “el concebido se equipara al nacido para todo lo que lo beneficie”. Y ese niño concebido ya podía heredar y podía recibir bienes que administraba un curador. En 1870, Vélez Sarsfield tomó el principio romanista y lo plasmó de una forma nueva: el concebido es persona para nuestro Código. Ya en el siglo XX, la ciencia vino a confirmar que desde el primer momento de la fecundación existe un individuo único, distinto del padre y la madre.
Sin embargo, la irrupción de las técnicas de fecundación artificial y las presiones para legalizar el aborto parecen querer imponer un retroceso en esa postura humanista. Según estas posturas, tendríamos que “acomodar” la definición de persona para que no obstaculice a esas técnicas o para que permita el aborto. Ello significaría dar vueltas las cosas. El concepto de persona no es un concepto “técnico” que el legislador pueda acomodar a su voluntad. Especialmente desde la aprobación de los tratados de Derechos Humanos, es claro que todo ser humano es persona. De otro modo, los poderosos serían quienes definen quiénes entran o salen de la protección debida a la persona. Los derechos humanos nacieron para ser aplicados a todos y no quedar acomodados por intereses de turno. Eso significa reconocer al ser humano como persona desde su concepción, entendida como el momento de la fecundación.
Ciertamente, los desafíos para la persona por nacer son grandes, incluso por disposiciones que contiene el mismo código civil. Por un lado, desde las técnicas de fecundación artificial, avanza un poder biotecnológico que quiere convertir a la vida humana en mero recurso disponible para guiar la reproducción bajo una lógica productiva y utilitarista. Los embriones “no viables” o “discapacitados” buscan ser identificados prematuramente para ser descartados. En tal sentido avanzarían algunos proyectos sobre fecundación artificial que se discuten en el Congreso. Por el otro, en cuanto al tema del aborto, se pretende relativizar el valor de esa vida naciente y se olvida que nuestra cultura puede avanzar en una cultura de la vida que se esfuerce siempre por salvar las dos vidas, la de la madre y su hijo.