Por: Marcos Stupenengo
Organización de Naciones Unidas (ONU) anunció que exhortaba a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a que “reconsidere” la reforma judicial alegando que compromete la independencia de la Justicia.
La Relatora Especial de Naciones Unidas (ONU) Gabriela Knaul urgió al gobierno de Argentina a garantizar la independencia del poder judicial, y reconsidere la reforma del Consejo de la Magistratura y de medidas cautelares.
“El Estado tiene el compromiso de asegurar la independencia de la judicatura mediante el respeto de su legislación a los estándares internacionales”, dijo la experta designada por la ONU, Gabriela Knaul, quien investiga e informa de la independencia de los magistrados en el mundo.
La presidenta Cristina Fernández impulsó en el Congreso un proyecto para “democratizar” la Justicia, pero muchos la acusan de querer acabar con la independencia judicial.
El gobierno de Fernández de Kirchner propuso que los jueces, abogados y académicos que integran este órgano -el Consejo de la Magistratura- sean designados no por sus pares, como ocurre ahora, sino por votación popular directa en comicios generales.
“Las candidaturas serán canalizadas a través de las listas de los partidos políticos”, apuntó Kaul.
Y subrayó que “al otorgar la posibilidad a los partidos políticos de proponer y organizar las elecciones de los consejeros, se pone en riesgo la independencia de los miembros del Consejo de la Magistratura, lo que compromete seriamente los principios de separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial, elementos fundamentales de toda democracia y de todo Estado de Derecho”.
Según la experta, la Cámara de Diputados aprobó los proyectos de ley sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y sobre la regulación de medidas cautelares contra el Estado el pasado 24 de abril.
El primero regresó al Senado para la revisión de las modificaciones, y el segundo quedó listo para sanción y publicación, según apunta la ONU.
Así, Argentina se convertiría en el único país de la región en donde el organismo que nombra a los jueces sería elegido por voto popular.
Sobre el proyecto de ley de regulación de medidas cautelares, destacó que “el uso y el periodo de vigencia de las medidas cautelares contra el Estado no pueden ser restringidos. En caso contrario, el acceso a la justicia no se encuentra plenamente garantizado”.
“Las limitaciones aprobadas a las medidas cautelares son contrarias a los artículos 2 (3) y 14 (1) del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, entre otros estándares internacionales relevantes”, alertó la Relatora Especial de la ONU.