Aunque muchas veces sea ajeno a la mayoría de los argentinos, los recursos pesqueros representan una de las mayores riquezas del país. Además, constituyen otro argumento de reclamo sobre las islas del Atlántico Sur.

Por César Augusto Lerena. Exsecretario de Estado. Experto en política pesquera y Derecho Internacional.

De la Revista DEF. Especial para INFOBAE

Entre los recursos naturales más importantes de una Nación, podríamos destacar el agua dulce, las tierras fértiles, el petróleo, la minería y la pesca. Es conocida la trascendencia de la mayoría de estos recursos, aunque en la Argentina, con una población poco interesada en las cuestiones marítimas –a pesar de que este espacio sea más amplio que el territorio continental– y nada afecta al consumo de pescado (4,5kg/año/habitante), se desconocen las bondades de la extracción pesquera desde lo nutricional, laboral y hasta el importante rol que cumple esta actividad en las cuestiones relativas a la soberanía nacional.

La pesca es un recurso natural renovable; de propiedad del Estado nacional o provincial. Un rápido generador de ocupación de mano de obra intensiva y un instrumento de radicación poblacional e industrial. Abastecedora de proteínas y grasas (insaturadas) de calidad, es una herramienta estratégica de ocupación marítima.

Contrario a lo que ocurre con otras materias primas –como las carnes vacunas–, los productos pesqueros se exportan a los mercados más exigentes del mundo (EE. UU., UE, Japón, etc.). Estas exportaciones superan desde hace años a otros importantes alimentos argentinos: en 2012 se exportaron productos pesqueros por 1340 millones de dólares, y en igual período, frutas por 1306 millones de dólares, lácteos por 1305 millones, uvas por 1303 millones y carnes vacunas por 1283 millones.

Un recurso natural renovable, pero agotable

Pese a su condición de “recurso natural renovable”, a diferencia de lo que ocurre con la minería y los hidrocarburos, que son “recursos no renovables”, la pesca debe ser administrada adecuadamente para evitar que se agote.

Casi todas las especies más importantes se encuentran en el Atlántico Sur, dentro de su zona económica exclusiva y el mar adyacente a esta. Por supuesto, ello incluye el área de Malvinas, donde el Reino Unido en forma ilegítima otorga permisos de pesca a buques extranjeros.

Es muy poco esperable la recuperación de Malvinas, las Georgias y Sándwich del Sur, y la consolidación de la posición de argentina en la Antártida, si no se administra adecuada e integralmente el conjunto de los espacios marítimos argentinos del Atlántico Sur y Antártico, el área adyacente a la zona económica exclusiva y la plataforma continental.

El “Tratado del Río de la Plata” y la zona común pesquera con Uruguay

El “Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo” se firmó en 1973. Este tratado determinó una zona común de pesca con Uruguay, cuyo balance después de 40 años es negativo: hay una significativa disminución de la población como consecuencia de las altas capturas comerciales ejercidas sobre juveniles y una consecuente sobrepesca. Los puertos de Uruguay sirven de apoyo logístico, de reaprovisionamiento y transbordo de buques clandestinos depredadores en aguas argentinas y de altamar, y de los que operan bajo licencias ilegítimas inglesas en Malvinas; ello –sin dudas– no solo facilita la depredación del recurso, sino que ocasiona un perjuicio a la economía y la soberanía nacional.

El área bajo administración de Argentina

Desde hace décadas, buques extranjeros que pescan nuestros recursos pesqueros migratorios, o asociados en la cadena biológica de las especies argentinas en el límite de la zona económica exclusiva –la llamada “Milla 201”–, o bien ingresando clandestinamente a nuestro territorio marítimo, capturan importantes volúmenes de recursos pesqueros de propiedad del Estado Nacional. Ello ocasiona un desorden en la administración general del recurso y un desequilibrio del ecosistema; y estos buques pesqueros ilegales, no declarados y no registrados (INDNR), pertenecen a países que mantienen relaciones diplomáticas con la Argentina, y que sin embargo persisten en esta actividad depredatoria, compitiendo además con los productos argentinos en el mercado internacional.

En 1974, se inicia en la Argentina la apertura del mar a buques extranjeros. La depredación que producen los barcos extranjeros y la captura a través de licencias pesqueras otorgadas por el Reino Unido desde Malvinas hacen inviable cualquier administración racional.

La administración pesquera en la Argentina es francamente insustentable. Ello alcanza a la investigación, conservación y a la distribución de los recursos pesqueros. En especial, se verifica depredación de un recurso de tercera generación; concentración del recurso en pocas empresas; falta de disponibilidad del recurso para pequeños industriales; pérdida de mano de obra; bajo valor agregado; ausencia de consumo interno; pérdida de competitividad en el mercado internacional; falta de ocupación de espacios marítimos y de radicación industrial; y ocupación poblacional estratégica.

Accesoriamente, hay baja rentabilidad de la actividad pesquera, según podemos ver, por ejemplo, en 2012: aumento de los costos internos del sector en un 35 por ciento; evolución del dólar en un 13,8 por ciento; aumento del arancel (caída SPG) de un 12 por ciento; caída del precio internacional por tonelada en un 7 por ciento; caída de exportaciones en un 10 por ciento; caída en la exportación de merluza en un 26,6 por ciento; y, por último, la caída del valor agregado en los filetes por tonelada en un 22,1 por ciento. Es decir, no guardan relación los costos internos con el valor de las exportaciones; y a ello se agrega el grave panorama del mercado internacional, haciendo inviable el sistema de producción actual.

Frente en esta situación económica, al descontrol en las capturas, con una administración inadecuada del territorio y del recurso pesquero en el Atlántico Sudoccidental, ¿podríamos imaginarnos que las Malvinas y el mar argentino lleguen a estar algún día bajo la administración y el control de Argentina?

Área argentina ocupada por el Reino Unido

Ya en los inicios del siglo XIX, la pesca era el motivo de interés por las Malvinas. Fue esa actividad el pretexto de americanos e ingleses para desalojar a la Comandancia Argentina en las islas, y que los británicos invadieran ese archipiélago el 2 de enero de 1833. Desde allí, una serie de medidas desacertadas de los sucesivos gobiernos argentinos se sucedieron:

-Los “Acuerdos Marco Pesqueros” con la URSS y Bulgaria de 1986, que nunca pescaron en la zona de exclusión y que dieron lugar a que Londres instalara una zona de exclusión pesquera (FICZ) de 150 millas alrededor de Malvinas, un espacio aproximado de 210.000 kilómetros cuadrados.

-Las negociaciones en Nueva York en 1987, donde se omitió toda referencia a los temas de pesca, minimizando su importancia en la negociación de Malvinas.

-La reunión de 1989 en Nueva York, donde se acordó que la Argentina no solicitaría “el levantamiento de la zona de pesca”.

-La firma de los “Acuerdos de Madrid” en 1989, que confirmó la “Fórmula del Paraguas”, y la aceptación por parte de Argentina de una zona de exclusión pesquera del Reino Unido.

-La firma el “Acuerdo del Gallinero” en 1990, donde se convino con el Reino Unido el cuidado de los recursos marítimos y la prohibición de pesca en un área –con forma de medialuna– que les aseguró a los ingleses que terceros países no pescasen los recursos que migran a Malvinas, facilitándoles con ello el otorgamiento de licencias pesqueras a buques extranjeros y la consolidación económica de los isleños.

-El “Acuerdo Pesquero Argentino con la Unión Europea”, aprobado en Bruselas en 1994, donde la Argentina otorgó la captura de 260.000 toneladas anuales de pescado a sociedades mixtas integradas por armadores españoles, pese a lo cual los buques que ingresaron al país nunca pescaron en la zona de exclusión pesquera y produjeron sobrepesca, depredación y graves problemas laborales en el sector pesquero.

-La ratificación de la “Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar” en 1995, que reduce de 200 a 12 millas nuestro mar territorial y limita a 350 millas marinas la plataforma continental argentina, que en el área de Malvinas llegaba a las 850 millas, debilitando nuestros derechos territoriales en el Atlántico Sudoccidental.

-El “Acuerdo de Investigación Conjunta” de los recursos pesqueros argentinos –firmado en 1995– más allá del área de exclusión de Malvinas, que les permitió a los británicos conocer los recursos que migran al área de las islas.

-En 1996, en Londres, el secretario de Relaciones Exteriores de la Cancillería anuncia la coordinación de medidas con el Reino Unido “de conservación para evitar la sobreexplotación de recursos pesqueros en beneficio de las partes involucradas”. Es decir, la Cancillería argentina cuida los recursos a los malvinenses, a quienes considera “partes involucradas”.

-En 1998 se dicta la Ley de Pesca, con serias deficiencias en materia de regulación de la actividad por parte de buques extranjeros, y en la que se profundiza la privatización de la explotación del recurso a través de las cuotas individuales transferibles de captura (CITC).

-En 1999, en Madrid, la Secretaría de Relaciones Exteriores argentina acuerda con los británicos siete medidas destinadas a “combatir a los buques sin licencias pesqueras inglesas”. La Argentina le aseguró al Reino Unido que únicamente pescasen buques con licencia inglesa en el mar argentino.

Hasta abril de 1982, los ingleses ocupaban Malvinas, las Georgias del Sur y las Sándwich del Sur, con un territorio total de 15.277 kilómetros cuadrados y una franja de 3 millas a su alrededor. La ocupación del Reino Unido fue sistemática y hoy invaden un territorio superior a los 3.000.000 de kilómetros cuadrados en el Atlántico Sudoccidental.

Los desembarcos pesqueros argentinos en 2011 alcanzaron las 716.000 toneladas. En los últimos 30 años, a través de licencias británicas, se han extraído recursos pesqueros del mar argentino por valor de 20.880 millones de dólares. Esto supone un valor comercial final del orden de los 147.830 millones de dólares, monto equivalente a la deuda externa argentina, o a la construcción de 7,7 millones de viviendas, o a la renovación total de la flota naval, mercante y pesquera nacional, y al emplazamiento de puertos estratégicos en todo el litoral marítimo del país.

Para los malvinenses, este solo recurso hace sustentable a las islas; y ello es así aunque estos ingresos estén reducidos al mero cobro de un canon y no a su captura e industrialización, que les permitiría a los 2350 británicos malvinenses vivir en forma absolutamente autónoma de esa actividad. La extracción de petróleo haría virtualmente irreversible la situación actual.

Este tema de la pesca siempre les pareció una cuestión menor a los negociadores de la Cancillería argentina. Pero como ya manifestáramos en 1989 en nuestro trabajo “La industria pesquera argentina. Reafirmación o decadencia”, la pesca fue y sigue siendo un tema central en Malvinas. Ello lo ratificaría el 14 de marzo de 2012 el propio director de Pesca de Malvinas, John Barton, al manifestar que “sin la pesca, los malvinenses no podrían haber subsistido”. Nosotros antes y Barton después, dejamos en claro el craso error argentino al entregar los recursos pesqueros a los británicos a la hora de las negociaciones, por sus implicancias en la soberanía nacional y en la economía de los argentinos.