El politólogo Alberto Föhrig, especialista en temas de seguridad, aborda el complejo entramado del narcotráfico en nuestro país y el peligro que plantea su penetración en las instituciones del Estado. Este académico, que se desempeña actualmente como profesor e investigador de la Universidad de San Andrés, se refiere a los riesgos que trae aparejado el fenómeno de la “narcopolítica” y defiende la necesidad de una política integral de seguridad e inteligencia en materia criminal.

De la Revista DEF / Especial para INFOBAE

 

-En una reciente columna de su autoría, usted hablaba del ingreso de nuestro país en la denominada “etapa parasitaria” de la narcopolítica. ¿Por qué?

-Este tema no es nuevo; ya ha sido tematizado por otros autores a partir de la investigación cualitativa respecto este tipo de vinculaciones. Marcelo Saín habla de este fenómeno en su libro El Leviatán azul. También hay un muy buen trabajo etnográfico de Javier Auyero –La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina contemporánea–, donde analiza el circuito y explica esta situación. ¿A qué se debe este ingreso del país en la llamada “etapa parasitaria”? En primer lugar, debemos señalar que Perú es hoy el primer productor mundial de hoja de coca y este dato tiene implicancias muy importantes para la Argentina. A diferencia de Colombia y México, los grupos peruanos que se dedican a este tipo de actividades se ocupan de una parte del negocio: la producción de pasta base. Esa pasta base llega en gran escala a Bolivia y también a la Argentina. Ahí hay una vinculación fuerte entre el desplazamiento hacia el sur de la producción de cocaína y la generación en nuestro país de nuevas condiciones para completar el circuito de producción que se inicia en Perú. Eso explica por qué hay producción local en la última etapa y por qué este negocio se ha expandido fuertemente en Argentina en la última década. Estos actores necesitan, por supuesto, de protección. Por un lado, Argentina es una ruta de tránsito de la droga; pero, a su vez, ha crecido mucho el consumo local. En la medida en que nuestro territorio es una ruta muy profusa de distribución de la droga, muchos de los pagos se realizan en materia prima y, por lo tanto, eso refuerza el aumento del consumo en el país. Si bien no hay cifras oficiales, de acuerdo a Naciones Unidas ha habido un incremento importante en el consumo local de estupefacientes y, específicamente, de cocaína.

 

-En la actual etapa “parasitaria” de este fenómeno de la narcopolítica, ¿existe un reforzamiento del poder de los grupos narcos locales?

-Estas organizaciones comienzan a ganar visibilidad porque necesitan generar legitimidad local. No hay posibilidad de que funcionen sin esta legitimidad, que se construye de diversas maneras. Defensivamente, mostrándose como poderosas y obteniendo ayudas por parte del aparato estatal, que se consiguen pagando. Posteriormente, una vez que se muestran como poderosas porque no las toca ni la Policía ni el Poder Judicial ni el poder político, asumen la capacidad de solucionar problemas a nivel local. Esa es una tarea que hacía y –en gran medida– sigue haciendo el Estado argentino, que está mucho más presente que en otros países de América Latina. El hecho es que la sociedad argentina también se ha complejizado y lo ha hecho mucho más rápidamente que las respuestas del Estado en materia social. Hoy tenemos una tercera generación –bisnietos– de  pobreza persistente en el país, y eso requiere un tipo de abordaje infinitamente más complejo que el que se utilizó históricamente.

 

-¿Las actuales políticas sociales de contención ya no alcanzan?

-Yo creo que en estos últimos años ha habido grandes avances en materia de políticas sociales. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), pero responde al típico enfoque de creer que con transferencia de ingresos se soluciona el problema de la pobreza. Cuando existen bisnietos de argentinos que han vivido en situaciones de pobreza persistente, se necesita otro tipo de políticas. Hace falta muchísima más contención, mejor coordinación inter agencias, seguimiento y monitoreo de estas políticas, algo que el Estado argentino hoy no puede garantizar para una porción muy importante de la población. Las organizaciones narco penetran allí y buscan legitimidad en estos nichos específicos.

 

-¿Ve con preocupación las detenciones de grandes capos narcos y episodios de violencia y ajustes de cuentas ligados a grupos extranjeros en el país, a los que asistimos cada vez con mayor frecuencia? ¿Son casos aislados o es un fenómeno estructural?

-Efectivamente, si analizamos los casos de las personas que fueron detenidas en Argentina, hay gente que está de salida de este negocio y decide elegir a nuestro país como “refugio”; pero hay otras personas que están plenamente operativas y están tratando de diversificar el negocio. Hemos visto fenómenos de sicariato, asesinatos selectivos y persecuciones de individuos que no cumplen los tratos ilegales establecidos. Hay pequeños grupos con despliegue en zonas particularmente sensibles y sobre ellos hay que trabajar. El Estado debería tener una política mucho más activa de control del ingreso de estas personas a través del Servicio Nacional de Migraciones, y compartir información de inteligencia con nuestras contrapartes en los países de origen de estas personas. En este aspecto, estamos muy atrasados.

 

-En materia de políticas de criminalización del uso de drogas, ¿vamos hacia un cambio de enfoque a nivel regional, a partir de iniciativas como la legalización de la marihuana en Uruguay y propuestas de despenalización defendidas por mandatarios en ejercicio y expresidentes de países latinoamericanos?

-Se está avanzando mucho más rápido de lo que creemos, no solo regionalmente sino también en el propio EE. UU. Es muy importante observar lo que haga EE. UU., por su notable influencia en América Latina. Recientemente, el estado de New Hampshire aprobó la legalización de la marihuana y, anteriormente, otros estados habían autorizado el uso recreativo de esa droga, en algunos casos –como Colorado y Washington– o su uso medicinal, en otros –como Nueva York y California–. Paralelamente, en América Latina ha habido documentos de expresidentes como Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, que hablan de la inutilidad de la guerra contra las drogas y de la necesidad de abordar este problema desde una lógica más vinculada a la salud y menos ligada a los tanques. Hay que construir consensos regionales y, a la hora de relacionarse con EE. UU., estar atentos a la flexibilización de las posturas hacia el interior de ese país, de manera de lograr que ese diálogo con Washington sea más rico, dejando atrás el “diálogo de sordos” que hemos venido teniendo en las últimas décadas. Creo que hoy existen iniciativas novedosas, interesantes, que a la vez tienen eco en el Norte y eso nos da una oportunidad para avanzar en posturas conjuntas.

 

-Un tema que se ha puesto en el tapete en las últimas elecciones, a partir de una propuesta del Frente Renovador de Sergio Massa, es la creación de policías municipales. ¿Cuál es su opinión?

-A la luz de la experiencia mexicana, por ejemplo, observamos que la policía municipal el eslabón más débil frente a las organizaciones del narcotráfico y su penetración en las instituciones del Estado. Estas bandas nacen localmente y para ellas es más fácil y –entre comillas– “muy barato” cooptar el poder municipal. La creación de estos cuerpos de policía municipal implicaría darles la pieza que necesitan. Desde mi punto de vista, sería una medida muy desatinada que espero no se lleve adelante. Además, no podemos dejar de señalar que en Argentina los intentos de descentralización han dado muy malos resultados. Por otra parte, está la cuestión financiera. La pregunta que surge entonces es cómo vamos a pagar esto. La respuesta podría ser: “Con tasas municipales”. Lo cierto es que hay muy pocos municipios que podrían cobrar esa tasa. Es, por lo tanto, una idea inviable tanto desde el punto de vista teórico como desde el punto de vista práctico.

 

-Si nos detenemos en los últimos casos de policías involucrados en la connivencia con el negocio narco, como sucedió en Córdoba y Santa Fe, ¿es posible enfrentar el problema desde la Nación y de manera coordinada con las jurisdicciones provinciales?

-No ha habido políticas nacionales serias respecto de la criminalidad compleja en los últimos años. El problema de los radares tiene ya 19 años y, al día de hoy, no hay una política seria de radarización en nuestras fronteras. Las propuestas de crear una agencia nacional para combatir la criminalidad compleja se vienen discutiendo desde hace más de diez años y no se ha avanzado en absoluto. El tratamiento de las adicciones también es clave en el combate al delito complejo porque, en la medida en que contemos con políticas sanitarias de tratamiento de las adicciones, eliminamos un factor fundamental para las organizaciones narco, como es el reclutamiento de mano de obra barata. Son fenómenos estructurales, a los que se les suma la falta de coordinación entre las diferentes jurisdicciones por cuestiones de simetría en el poder de negociación entre la Nación y las provincias grandes, y por temas de competencia o disputa política.

 

-¿Va en la dirección correcta la decisión del Gobierno Nacional de centralizar la lucha contra el narcotráfico en las fuerzas de seguridad y sacar esta potestad de la órbita de la Sedronar?

-Me parece razonable centralizar esta tarea en una única instancia nacional de combate a la criminalidad compleja. El tema es ver qué hace esa entidad. Lo que se ha visto hasta ahora, desde mi perspectiva, es preocupante. Me refiero a los planteos de reincorporar a los militares a tareas de seguridad doméstica. Por un lado, es ilegal dado el ordenamiento vigente (NdR: la Ley de Seguridad Interior no lo permite). Dejando de lado esta cuestión legal, hay un segundo problema, que es la ineficacia. Solo un puñado de países ha decidido que sus militares se involucren en el combate al narcotráfico, entre los cuales están Afganistán, Colombia y México. Todos ellos han fracasado por múltiples razones. En primer lugar, los militares no están preparados para este tipo de situaciones. Por otra parte, las Fuerzas Armadas tienen una lógica estrictamente de combate y lo que acá se pone en juego es una cuestión mucho más compleja; se trata de enfrentar a organizaciones muy sofisticadas, con ramificaciones internacionales, con una estructura financiera fenomenal y gente muy capacitada detrás que incluye “ejércitos” de abogados, bancos y contadores. Por ejemplo, los carteles mexicanos operan en 52 países del mundo. Por eso, considero que involucrar a los militares en esta lucha sería un error estratégico grave en el cual la Argentina no debería incurrir. En la lucha contra el narcotráfico, hay temas claves como el combate al lavado de dinero y la evasión fiscal –en lugar de autorizar “blanqueos de capitales” sin pedir rendiciones de cuentas respecto de la proveniencia de esos capitales– y el intercambio de información con terceros países. Una agencia de criminalidad compleja a nivel nacional no debe estar compuesta por militares arriba de tanques, sino por agentes de inteligencia que manejen grandes volúmenes de datos estadísticos.

 

-Volviendo a los casos de países que han involucrado a sus militares en esta lucha, ¿cuáles han sido los motivos que los impulsaron y por qué fracasaron?

-Los países que decidieron involucrar a sus militares en la lucha contra el narcotráfico lo hicieron por no contar con una fuerza especializada como nuestra Gendarmería o nuestra Prefectura. La Argentina ya cuenta con ese tipo de fuerzas federales de seguridad –incluida la Policía Federal– y debería utilizarlas para el fin específico para el que fueron creadas. Es inadmisible que el 98 por ciento de las actividades que realiza la Policía Federal Argentina se den en el territorio de la ciudad de Buenos Aires. Otra peculiaridad de nuestro país es que en el terreno contamos con cuerpos bien preparados para afrontar esta lucha y, sin embargo, tomamos atajos inexplicables, como la decisión de enviar a los gendarmes a realizar tareas de seguridad en el Conurbano, que deberían estar en manos de la Policía bonaerense. Por otro lado, intuyo la preocupación que existirá entre los propios militares bienintencionados por el posible desprestigio de sus fuerzas si se involucrasen en este terreno. En México hubo 135.000 muertos en siete años. Y el último punto es el riesgo de repetir lo que sucedió en México con Los Zetas, un grupo armado vinculado al narcotráfico que se conformó por militares desertores que integran cuerpos de élite en la lucha antinarcóticos. Lo mismo está sucediendo en Guatemala con Los Kaibiles, fuerza de élite militar que está viviendo patrones de deserción similares. Yo simplemente no quiero ese horizonte para las Fuerzas Armadas argentinas.

 

-¿Se ha comenzado a romper el consenso que existía en la dirigencia política argentina respecto de no involucrar a los militares en este tipo de tareas?

-Esta fue una de las políticas de Estado más importantes que hemos mantenido en estos 30 años de democracia, dada la historia de la Argentina y sus siete golpes de Estado a lo largo del siglo XX. Ha habido un aprendizaje institucional y fue un consenso que han venido respetando todos los presidentes, más allá de sus diferentes orientaciones ideológicas. Hoy observamos con preocupación que varios actores políticos –entre ellos, el gobernador bonaerense Daniel Scioli y el jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri– que salieron a decir que habría que rediscutir el rol de los militares, poniendo en tela de juicio el consenso que habíamos alcanzado entre todos los partidos políticos. Desde mi punto de vista, es fundamental que no alejemos militares de su campo de acción específico, que es la defensa del país frente a agresiones externas.