Por: Juan Pablo Parrilla
A mediados de mayo, seis familiares de víctimas del cigarrillo le pidieron a un bufete de abogados que evalúe una demanda penal contra funcionarios públicos por su pasividad frente al uso de aditivos mortales en el tabaco. Tras analizar el tema, el letrado Fernando Osuna adelantó a #MalditaNicotina que “en los próximos días” hará la primera denuncia.
¿Por qué tomaron esa decisión?
La Administración tiene el deber de velar por la salud de la sociedad. Es un contrasentido que acepte que se agreguen sustancias mortales a los cigarrillos.
¿Hay antecedentes en España de pretensiones como la suya?
No, porque no nos centramos en las tabacaleras. No son demandas civiles, sino acciones penales contra autoridades sanitarias.
¿Cómo identificarán a los denunciados?
Por nombre y apellido. Son los ministros de Sanidad y los directores generales de salud y consumo. No descartamos a algunas personas con responsabilidades políticas a nivel autonómico en Andalucía, Madrid e Islas Baleares, donde residen las víctimas o sus familiares.
¿Qué delito habrían cometido?
Contra la salud pública. Tendrían que haber tenido un comportamiento activo en el control. Hay gente que murió por su inactividad.
¿Dónde termina la cadena de responsabilidad? ¿Con su mismo criterio no habría que incluir también a presidentes y legisladores, por lo menos? Parece disparatado…
Las normas dan márgenes de actuación y dentro de esos cauces se puede proceder de muchos modos. Si los que tienen los cargos políticos denunciados toleran que se introduzcan las sustancias indicadas, cometen un delito. Los otros (presidente y legisladores) no participan directamente.
¿No tiene miedo de iniciar una caza de brujas?
Cuando se va con transparencia no hay qué temer.
Pero no siempre se supo que el cigarrillo tiene aditivos mortales…
Por eso hay una limitación temporal. Además está la prescripción, que es de 4 ó 5 años.
En Argentina, desde 1986 los paquetes de cigarrillos llevan la leyenda “Fumar es perjudicial para la salud”. La Justicia considera que en ese momento comenzó a correr el plazo de prescripción…
Por mucho que se anuncie que el tabaco daña, no es suficiente. Por imperativo constitucional, la Administración debería prohibir que los cigarrillos tengan sustancias que dañan seriamente la salud, pero no lo hace.
¿Cuántos denunciantes confirmados hay?
Tenemos uno en Palma de Mallorca y otro en Madrid. Y estamos en contacto con 20 más que por distintas razones no dan el paso.
¿Pertenecen a alguna organización política o social?
No, en absoluto.
¿Van a pedir una indemnización?
No lo descartamos, pero no es lo más importante. Queda en un segundo plano.
¿Qué gana su bufete con todo esto?
Defendemos causas sociales. No nos interesa la plata. Tenemos nuestras vías de ingresos. Nos preocupa la pasividad de la Administración y el efecto negativo que produce en muchas personas, sobre todo en los más chicos.