Por: Juan Pablo Parrilla
El ministro de Salud provincial, que aspira a ser gobernador en 2015, admitió que acordaron frenar la legislación antitabaco que la semana pasada aprobó la OMS. La maniobra fue denunciada por más de cien ONG. También juntan firmas para frenarlo.
La fachada parece noble: el gobierno de Mendoza acordó con las dos tabacaleras más grandes del país, Massalin Particulares y Nobleza Piccardo, la realización de un programa que aspira a que los quiscos no vendan cigarrillos a menores de 18 años. Sin embargo, la misma campaña ya se realizó en otros lugares del país sin él más mínimo éxito. Y documentos anteriormente confidenciales prueban que el propósito encubierto es hacer del tabaco una “fruta prohibida” para que los jóvenes empiecen a fumar.
El propio ministro de Salud provincial, Matías Roby, reconoció el verdadero objetivo de los programas: “En algún momento había un proyecto que tenía que ver con gravar los cigarrillos. Este fue uno de los temas que tocamos en una reunión con Massalin Particulares y Nobleza Picardo, y acordamos justamente evitar que este proyecto progresara“, admitió.
La suspicacia crece si se tiene en cuenta que el acuerdo se conoce una semana después de que casi 180 países acordaran subir los impuestos a los cigarrillos en una reunión de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Es decir, lo que el ministro Roby se comprometió a no hacer. Y justamente lo que desde las Naciones Unidas hasta el Banco Mundial consideran como la medida más efectiva para frenar la epidemia de tabaquismo, basados en una voluminosa literatura científica que incluye más de cien estudios e investigaciones que el gobierno de Mendoza parece desconocer. A la postre, Argentina tiene un de los precios más bajos del mundo.
“Si quisieran reducir el consumo de tabaco deberían hacer cumplir la ley y avanzar con políticas de probada eficacia, como las medidas fiscales y la prohibición completa de la publicidad de tabaco. Cuando un gobierno admite la influencia de la industria tabacalera está protegiendo las ganancias de las transnacionales del tabaco a costa de la vida y la salud de la población“, advirtió Verónica Schoj, directora ejecutiva de la Fundación Interamericana del Corazón, una de las ONG que denunció el pacto. Y anticipó que pedirá una audiencia con Roby, que aspira a ser candidato a gobernador en 2015 y que es conocido en su provincia por su estilo confrontativo.
Hay más declaraciones del ministro Roby que no dejan de sorprender, ya que son una copia calcada de los argumentos de la industria tabacalera. Por ejemplo, dijo que el objetivo del programa es “reforzar a nivel familiar la figura del fumador responsable”, una denominación usada por Nobleza Piccardo y Massalin Particulares y que sugiere que es posible un consumo responsable de un producto que provoca adicción, discapacidad y muerte.
“Existe abundante evidencia que muestra que después de los primeros 5 cigarrillos, los jóvenes ya tienen signos de adicción y que no existe un nivel seguro de consumo. Resulta inadmisible que un ministro de salud hable de ‘consumo responsable’ de un producto letal, que mata a la mitad de sus consumidores crónicos“, sentenció Ernesto Ruiz, el coordinador nacional de ALIAR, una red que nuclea a más de 100 organizaciones.
No obstante, el ejemplo más palpable de que el ministro apeló al léxico y los argumentos de la industria tabacalera es su acusación a las ONG de ser “absolutistas islámicos”. Es exactamente lo mismo que propuso en un reporte el Tobacco Institute, un grupo de lobby del que participan las casas matrices de Nobleza Piccardo y Massalin Particulares: llamó a usar los programas como un “cebo” para “forzar las críticas de los antitabaco”, hacerlos parecer “extremistas” y “desalentar” la legislación. Roby le hizo caso.
El funcionario se negó a dialogar con Infobae, aunque en un principio había accedido. “Te escribo a pedido del ministro, soy Juan Pablo (Parapuño), el jefe de prensa, avisame y coordinamos la nota. No hay drama”, fue el mensaje que llegó vía Twitter desde la cuenta de Roby. Sin embargo, durante dos días “pateó” la entrevista, evitó dar un teléfono para entablar un diálogo y finalmente, dejó de contestar los mails, mientras en público decía estar dispuesto a conversar con sus críticos.
El funcionario mendocino sólo habló con un pequeño diario local al que le dijo que las ONG le dan “risa”, como si los 40 mil argentinos que mueren al año por fumar fueran parte de una comedia. Lo curioso es que, en cambio, considere que las mismas tabacaleras que durante 50 años ocultaron que fumar es adictivo y mortal son interlocutores válidos a la hora de diseñar políticas públicas sobre salud.
La ineficaz campaña acordada consiste en colocar carteles en 5.500 quiscos con las leyendas “No vendemos cigarrillos a menores” o “No vendemos cigarrillos ilegales”. Esta maniobra tiene antecedentes en todo el mundo desde los años 80. Particularmente en distintos puntos de Argentina se realizó la campaña “Yo no vendo a menores”, que en realidad encubre una estrategia de marketing, descubierta a través de documentos anteriormente confidenciales de las tabacaleras que salieron a la luz durante los juicios en los Estados Unidos.
Esos papeles prueban que la industria fomenta las prohibiciones de venta a menores para hacer del tabaco un “fruto prohibido” e incentivar a los jóvenes a fumar. De hecho, así lo hacen a través de la publicidad, como la campaña mundial que Marlboro lanzó este año Argentina, que apunta exclusivamente a los adolescentes. Por eso el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS advierte que la prohibición de venta sólo funciona si se la acompaña de la prohibición total de publicidad.
Lo más insólito es que el ministro Roby piense que en su provincia va a funcionar un programa que fracasó en el resto del país. De hecho, según Nobleza Piccardo, ya se realizó en más de 110 mil puntos de venta. Pero la realidad muestra que conseguir cigarrillos para un niño sigue siendo tan fácil como comprar caramelos. Es más: un relevamiento reciente que incluyó a Mendoza probó que el 73,3% de los quioscos no cumplen con las restricciones a la publicidad de cigarrillos.
Quizás la respuesta a tanta incoherencia no está en la eficacia del programa, sino en el bolsillo de la cartera que conduce Roby. El propio funcionario reconoció a la prensa local que se buscó liberar fondos que se destinarían, supuestamente, para programas de deporte y prevención. En otras palabras, admitió que el objetivo fue el dinero, que nadie sabe a ciencia cierta ni su monto ni para qué se usará. Incluso el contenido de los acuerdos le fue negado a Infobae. Si el objetivo es reducir el consumo, como sugirió, la pregunta es por qué no propuso las políticas que impulsa la OMS y que ya fueron probadas en otros países.
Los documentos secretos de las tabacaleras muestran, además, que con estas iniciativas las empresas buscan posicionarse como un actor responsable dentro de la sociedad. Es la propia industria la que admite puertas adentro que hay que alentar este tipo de acuerdos para frenar legislaciones más duras. En efecto, no es casual que hayan elegido una provincia con muchos proyectos antitabaco en su haber, como el de prohibición de publicidad, que en no más de 15 días deberá tratarse en el recinto. Los representantes de las tabacaleras ya visitaron los despachos de varios legisladores. Al parecer, ya tienen el voto del oficialismo.
Si está en contra del acuerdo, puede firmar un petitorio para forzar su suspensión en el siguiente link.