Por: Diego Hernán Armesto
Últimamente se lleva adelante una gran discusión sobre la función que cumple el Poder Judicial en el marco de los tres poderes básicos que sustentan una República.
Es esencial comprender que el principio republicano, no es más ni menos que la limitación de los poderes. Tal limitación, constituye el núcleo de un gobierno libre. En nuestro diseño institucional, estas limitaciones se encuentran vigentes, ya que los poderes ejercen sus funciones limitadas por la Constitución y se encuentran divididos entre sí.
Nada quita entender, que cuando hablamos de división de poderes, no significa que cada uno ellos es un compartimiento estanco y no se relaciona uno con el otro, todo lo contrario, esos poderes que integran el gobierno deben ser elementos de unidad, que se relacionan entre sí y se equilibran recíprocamente.
La República tiene su base de sustentación en la igualdad de los hombres, debiendo entender que el gobierno tiene el poder dado por el pueblo, quien lo elige y este es responsable ante él por su administración. Entendiendo además que el pueblo participa en los tres estamentos de gobierno, es decir, en el poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
El ideólogo de la Constitución Juan Bautista Alberdi decía respecto a la división de poderes, sobre su independencia y la reivindicación constante de la soberanía, por cuanto “la omnipotencia de los poderes hace desaparecer su división e independencia reciproca, y con ella la esencia del gobierno representativo“.
En este orden de ideas, nos queda analizar la situación actual del Poder Judicial, el Titular del Máximo Tribunal Ricardo Lorenzetti aseguró que “el Poder Judicial está unido” para “enfrentar a cualquier viento fuerte que aparezca“.
Este Poder del Estado es una garantía para el justiciable, y así los jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y se encuentran tan sólo sometidos a la Constitución y a la Ley, de esta forma los otros poderes del estado, y en este sentido las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como los diferentes grupos y organizaciones sociales, económicos y políticos, deben respetar y hacer efectiva la independencia del Poder Judicial.
El Poder Judicial tiene la obligación de defender las principios básicos de la Constitución y claramente tiene la facultad de tomar decisiones sobre la inconstitucionalidad de las normas. El Senador Nacional Marcelo Fuentes expresó, -en referencia a la Corte Suprema-, que la misma “interviene rápido sólo en las causas de aplauso rápido“, menosprecia aquellos principios que hacen al sostenimiento de la República, en suma que cada uno de los poderes respete a los otros poderes, y permita su buen, independiente y libre funcionamiento.
Al abrir las primeras páginas de la Constitución Nacional nos encontramos con los objetivos que tuvieron los representantes del pueblo al sancionarla, y entre ellos, se encuentra el de “afianzar la justicia“. En tal sentido, el ataque a cualquier poder del Estado es desvirtuar el diseño institucional y el funcionamiento de la República, porque del respeto a sus instituciones básicas se sustenta el futuro y una Nación moderna.