Por: Diego Hernán Armesto
Cuando se habla sobre “corrupción“, pareciera que no existe en la agenda pública y en los reclamos de la sociedad. Con tan solo ver encuestas de opinión pública, sobre el “humor” de la población mayormente el ranking lo encabeza la inseguridad, seguido por la inflación, la desocupación, la educación y luego en un quinto lugar aparece la “corrupción”.
El “barometro sobre la corrupción” que elabora Transparencia Internacional, en el capitulo que le corresponde a nuestro país, llama la atención la amplitud que tiene el descreimiento en la opinión pública de aquellos que consideran que en lugar de decrecer este flagelo, crece y que los esfuerzos para luchar contra la misma no son efectivos.
La “corrupción” socava el sistema democrático. A 29 años de recuperar las libertades aquel 10 de diciembre de 1983, la “corrupción” es un flagelo que crece y atenta, lisa y llanamente, contra la forma de gobierno representativo republicano y nos aleja de la tan preciada calidad institucional.
Esa preocupación fue plasmada en la reforma Constitucional de 1994, que incorporo una cláusula en el Art. 36 que dice: “...Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos...”.
Pero hoy la “corrupción” se acrecienta ante la ausencia de una legislación sobre acceso a la información pública por ejemplo, o por la falta de acciones de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, por nombrar algunas, por cuanto esto no permite llevar a cabo una lucha seria contra esta problemática, que indefectiblemente afecta al ciudadano de a pié, sobre todo a los sectores más vulnerables, porque cada peso que se pierde en la madeja de la “corrupción” es un peso que se le resta a hospitales, seguridad, viviendas, educación o servicios sociales.
Se debe entender que uno de los valores esenciales del sistema democrático, debe estar entrelazado indefectiblemente a la transparencia en los actos públicos. Dentro de las voces que se escucharon en el recinto de la Convención Constituyente de 1994 se dijo: “si queremos conservar esta forma de gobierno, uno de los males de la democracia que deberemos atacar es el de la corrupción, que es lo que un autor moderno denomina como la cleptocracia…“.
Por estos motivos se debe asumir que la “corrupción” es uno de los principales males a erradicar en nuestra Nación. Una legislación moderna, una justicia independiente y la voluntad política de sus gobernantes de combatir contra ese mal, son las bases necesarias para generar una Política de Estado sustentable en el tiempo, porque la “corrupción” no debe ser el reclamo de un gobierno, sino la lucha de toda una sociedad para evitar el debilitamiento de ese gran edificio que nos contiene a todos y que se llama democracia.