Por: Diego Hernán Armesto
La semana en curso debería tener una alta significación para todos los argentinos. Hace 29 años se recuperaba la democracia y se iniciaba la etapa de continuidad institucional de mayor extensión desde la instauración de la Ley Saénz Peña.
Nadie pone en duda que la democracia es el sistema de convivencia que los argentinos elegimos para vivir. Pero la democracia debe ser interpretada como un sistema vivo, dinámico, en donde las circunstancias y los tiempos la perfeccionan y adecuan a cada época. Lamentablemente algunas actitudes asumidas por el actual gobierno hace que la democracia que sufra un retroceso importante que empaña y genere incertidumbres innecesarias sobre el futuro.
El acosos sobre el Poder Judicial es una de esas preocupaciones. El intento en el Consejo de la Magistratura de abrir un “jury de enjuiciamiento” contra los integrantes de la Cámara Civil y Comercial que prorrogaron la medida cautelar a favor del Grupo Clarin, expresado por el Senador y miembro del Consejo Marcelo Fuentes, se asemejan más a una “amenaza” que a la aplicación correcta del procedimiento de enjuiciamiento de los magistrados, dejando entrever que cualquier Juez que ose enfrentarse a los designios del Ejecutivo tendrá ese destino.
Pero no se detuvo allí el desafío hacia la independencia de poderes, la propia Presidente de la Nación en el acto del plaza de Mayo dijo que “Cuando no les alcanzan los fierros mediáticos, recurren a los fierros judiciales” y agrego ”Nosotros exigimos a todos los poderes del Estado la misma conducta de decoro, independencia, respeto a la voluntad del Parlamento y la voluntad popular“.
Estas declaraciones altisonantes lo único que hacen es dañar a nuestra democracia. No se trata de estigmatizar al poder contramayoritario, sino que debe entenderse al Poder Judicial como uno de los compartimientos que conforman la república, y que, mediante sus fallos, busca poner límites a los otros poderes. Es el equilibrio de la democracia.
En pocas palabras no es necesario el sistema de apriete o amenaza para “ordenar” al Poder Judicial. Esas actitudes no se condicen con una convicción democrática. Hamilton (uno de los comentaristas de la Constitución de Estado Unidos) expresaba en “El Federalista” que: “no hay libertad si el poder de juzgar no esta separado de los poderes ejecutivo y legislativo (…) por la natural debilidad del departamento judicial, se encuentra en peligro constante de ser dominado, atemorizado o influido por los demás sectores, y que como nada puede contribuir tan eficazmente a su firmeza e independencia como la estabilidad en el cargo“.
La reciente decisión de la Justicia Tucumana en el caso “Marita Verón” merece un párrafo aparte. Los poderes judiciales de algunas provincias responden a esquemas feudales y son parte de un histórico entramado de familias patricias y poder político – recordemos el caso María Soledad en Catamarca por ejemplo – y están muchas veces al servicio de la impunidad de los amigos del poder. No hay lugar entonces para la sorpresa o gestos tardíos y ausentes de sinceridad. Una señal clara sería la intervención de los poderes judiciales sospechados de corrupción sin distinguir en provincias con gobernantes “amigos”. Si existe de verdad esa voluntad de sanear a la república de una justicia dependiente y corrupta, analizar y actuar sobre el comportamiento de la justicia tucumana sería un guiño contundente ante una sociedad cada vez más descreída.