Por: Diego Hernán Armesto
Este 2013 nos encuentra una vez más con la posibilidad de ejercer nuestro derecho de elegir y ser elegidos, pero debemos estar alertas que no suceda lo mismo que en el año 2009, postulantes a diputados nacionales o concejales de hombres y mujeres que en la actualidad detenten cargos ejecutivos -como Gobernador o Intendente-, para transformarse las mismas en “testimoniales”, engañando a la ciudadanía y desvirtuando el sistema representativo.
Así, podemos afirmar que esta situación afecta al sistema republicano y democrático, en el cual reposa el principio de representación popular. La democracia y el sistema representativo debe dotarse de mayor transparencia y pureza, ya que de esta forma la sociedad podra comprender con mayor claridad la importancia de cualquier elección, y principalmente de la función del Legislativo, y ante esta situación, la cual es totalmente anormal, la Constitución fija los limites a estos excesos y abusos.
Estas candidaturas violan en primer término lo establecido en el art. 1 Constitución Nacional, por cuanto se establece el sistema representativo y republicano de gobierno. Tal situación desvirtúa la soberanía popular y conlleva a resquebrajar el vínculo existente entre representante y representado, ya que estos candidatos nunca asumirán el cargo para el cual se postularon.
En este orden de ideas, también se violan los Tratados de Derecho Humanos, que conforme el Art. 75 inc. 22 de la carta fundamental tienen jerarquía constitucional, a modo de ejemplo el art. 23, inciso 1. b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –más conocido como el Pacto de San José de Costa Rica-, que dice: “todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: (…) b) De votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, (…)” y el art. 25.b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Claramente reafirmamos y ponemos el acento en que esta practica, si es nuevamente utilizada afecta el sistema representativo, republicano y democrático, permitir que una persona desempeñe varias funciones en los distintos poderes, es una actitud antirrepublicana y como dice uno de los grandes constitucionalistas argentinos Joaquín V. Gonzalez pone “en peligro la unidad de la Constitución y la libertad de los poderes menos fuertes por su naturaleza, como el Legislativo y el Judicial”.
Por ello, la utilización de este mecanismo, no se condice con nuestra legislación vigente, pero más allá de cualquier análisis jurídico, resulta fundamental entender que nuestra democracia necesita señales claras de nuestra clase dirigente, y darle certeza a la sociedad, que al momento de elegir, deposita su confianza en un hombre o mujer que va a honrar el cargo para el cual fue elegido.