Por: Diego Hernán Armesto
El Poder Ejecutivo remitió pocos días atrás al Congreso de la Nación seis proyectos bajo el engañoso título de “democratización de la Justicia”. Los mismos intentan, según su fundamentación, la búsqueda de una justicia más popular y cercana a la gente, pero a mi entender esconden bajo el ropaje de la “democratización” nada más y nada menos que conseguir una justicia doblegada y obediente al poder político de turno.
Quiero detenerme un momento en el análisis del proyecto que aborda las modificaciones al Consejo de la Magistratura, instituto que fue incorporado en la reforma de 1994. Este nace como consecuencia de un fuerte reclamo de la sociedad por revertir la mala imagen de la Justicia (tiempos del menemismo) y de la fuerte intervención del poder político en ella, por cuanto hasta ese momento, las vacantes judiciales se repartían entre el Poder Ejecutivo y el Senado, que prestaba los acuerdos.
El trazo fino para mejorar la imagen del Poder Judicial se encuentran establecidas en el Art. 114 de nuestra carta fundamental, estableciéndose que para su integración se procurara nada más y nada menos que el “equilibrio”. En tal sentido hoy el debate gira también en torno al “equilibrio”, así la Real Academia Española, lo define como “contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas”; “ecuanimidad, mesura, sensatez en los actos y juicios”. De esta manera la Ley, debe cumplir con el mandato constitucional.
En el año 1997 se sanciono la Ley 24.937, la cual procuró cumplir con el “equilibrio” establecido en la Constitución, así el Consejo estaría integrado por 19 miembros, y en el mismo año se sancionó la Ley 24.939 correctiva de la nombrada precedentemente, que buscó – como surge de los debate parlamentarios – “adecuar la norma sancionada para el funcionamiento del Consejo de la Magistratura a los diversos reclamos plasmados por distintos sectores”.
Pasaron 9 años y llegando al 2006, se sancionó la Ley 26.080, modificatoria de la Ley de creación del Consejo de la Magistratura, donde bajo argumentos exactamente contrarios a los actuales sancionaron las modificaciones propuestas. En ese debate es llamativo lo expresado por la por entonces Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner, quien decía: “quiero decir que creímos conveniente establecer una reducción de los miembros del Consejo de la Magistratura para que su número de integrantes se reduzca de 20 a 13. Esta reducción no es casual (…) Entonces, creemos que es conveniente la reducción de este Consejo a 13 miembros, porque no solamente va a tornar menos burocrático a este organismo e implicará menores erogaciones para el Estado, sino que además también va a agilizarse su funcionamiento”.
En estos días, el proyecto de cambio en la integración del Consejo de la Magistratura evidentemente tiene una intencionalidad política, que puede ser abordada desde dos criterios diferentes: uno, el del dominio de la mayoría política y el sometimiento de los integrantes del Poder Judicial; otro, el del equilibrio, ya que si ayer el argumento era reducir, hoy el equilibrio no se obtiene aumentando. Claramente lo que se busca es la manipulación de los estamentos de la Justicia, con la gravedad de la modificación de las mayorías para tomar algunas decisiones, por ejemplo la remoción de los jueces, que a partir de esta reforma será con la mayoría absoluta.
Lo que se busca no es solo doblegar sino además que pierda cualquier vestigio de independencia del Poder Judicial. No se intenta tener un Consejo interdisciplinario y democrático, no discriminatorio, equilibrado y ágil, todo lo contrario, lo que se busca es tener una justicia, disciplinada, equilibrada y ágil para cumplir los designios del Poder Político de turno, en suma lo que se busca es la destrucción de uno de los pilares de la República.