Por: Diego Hernán Armesto
Casi inmediatamente después de que la Corte Suprema ordenara al Estado nacional a brindar información referida a los planes sociales que administra el Ministerio de Desarrollo Social, la Dip. Diana Conti presentó, para sorpresa de muchos, un proyecto de ley de Acceso a la Información Pública y convocó a debatirla el próximo 30 de abril en la Comisión de Asuntos Constitucionales -que ella preside-. ¿Será que la vocación mesiánica de la “democratización” llegó por fin para garantizar un verdadero acceso a la información en manos del Estado?.
Llama poderosamente la atención el hecho de que, luego de haber obstaculizado sistemáticamente la posibilidad de sancionar una ley de estas características en años anteriores -al igual que sucede con los, hasta ahora vanos, intentos de regular la publicidad oficial-, el oficialismo busque ahora consagrar este derecho humano fundamental que, entre otras cuestiones, nos permite conocer y saber cómo funciona el Estado. En este sentido, cabe recordar que tanto en 2004 como en 2010 hubo intentos frustrados de sancionar una ley que garantice a toda persona el acceso a datos, registros y todo tipo de información que se encuentre en poder del Estado -con excepción de aquellas cuestiones que otras o la propia norma establezcan- y dar, así, el primer paso para terminar con la cultura del secreto.
En septiembre de 2010, el Senado dio media sanción a un proyecto, que nunca fue tratado en Diputados, motivo por el cual también perdió estado parlamentario. Hubiera sido importante para combatir esa percepción que hay en la sociedad sobre la existencia de una extendida corrupción en el sector público que Diputados tratara el proyecto. Lamentablemente, el extraño desinterés de la bancada mayoritaria por esta iniciativa, hizo que el expediente cayera y la Argentina continuara hasta el día de hoy sin una Ley que consagre y permita el derecho fundamental de preguntar a los tres poderes del Estado.
La publicidad de los actos de gobierno es uno de los fundamentos sobre los cuales se sostiene el principio de soberanía popular que encarna el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional. Este principio constituye uno de los pilares de todo gobierno republicano y democrático y su importancia fue ratificada por la Corte Suprema en los fallos ADC c/ Estado nacional – PAMI y CIPPEC c/ Estado nacional – Min. Desarrollo y Acción Social: “El Estado está en la obligación de promover una cultura de transparencia en la sociedad y en el sector público, de actuar con la debida diligencia en la promoción del acceso a la información, de identificar a quienes deben proveer la información, y de prevenir los actos que lo nieguen y sancionar a sus infractores…”.
Nadie pone en duda que la democracia es el sistema de convivencia que los argentinos elegimos para vivir y que la representatividad de sus gobernantes se legitima en la urnas periódicamente, pero la democracia no debe ser interpretada únicamente como un acto que se ejerce cada dos años al momento que los ciudadanos eligen con su voto quien gobierna y cuyo resultado electoral circunstancial, “congela” la realidad y otorga inmunidad para proponer, e imponer, políticas independientemente de las inquietudes y voluntades del conjunto de los ciudadanos. La democracia debe entenderse, también, como un sistema vivo y dinámico, en donde las circunstancias y los tiempos la perfeccionan y adecuan a cada época, y donde los ciudadanos modifican sus demandas y necesidades. Escuchar esos reclamos también es deber del gobernante.
La “democratización” no se reduce a la democracia plebiscitaria y a la imposición de mayorías parlamentarias mediante un Congreso que se transforme en una escribanía que refrenda los designios del Poder Ejecutivo. La democratización debe apuntalar específicamente a la oxigenación democrática, donde la discusión, el dialogo y la búsquedas de consensos son elementos fundamentales. Sería interesante que esta vocación de “democratizar”, en la que tanto hincapié hace el oficialismo, se extendiera hacia otros ámbitos más allá del mero discurso político y garantizara definitivamente un verdadero y pleno acceso la información pública.