Por: Diego Hernán Armesto
El pasado jueves 24 de abril el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunció, mediante un escueto comunicado oficial, la discontinuidad en la publicación de la serie histórica de la medición de incidencia de pobreza e indigencia, que venía realizando desde 1993. A contramano de la tendencia mundial en materia de promoción de transparencia y acceso a la información pública, pareciera ser que la política definida por este Gobierno es la del “secreto”.
Justificando su accionar en supuestas “severas carencias metodológicas” originadas en la modificación de la técnica de elaboración del Índice de Precios al Consumidor (IPC) durante el mes de enero de este año, así manifestó que se encuentra trabajando en “nuevas metodologías que permitirán caracterizar de manera más eficiente las condiciones socioeconómicas de la población en el conjunto de las regiones que componen el país”.
Sin embargo, dados los antecedentes de este organismo en su absolutamente nula voluntad de dar publicidad a cuestiones que, de un modo u otro, resulten adversas o en abierta contradicción al desarrollo e inclusión que el Gobierno busca sostener -ya en enero el INDEC había dejado de informar los valores de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total-, hoy resultan poco creíbles sus justificativos y promesas a futuro de mejorar las mediciones.
Más allá de cualquier promesa, resulta crucial comprender que el principio de publicidad de los actos de gobierno es uno de los fundamentos estructurales sobre los cuales se sostiene la soberanía popular que encarna el artículo 1º de nuestra Constitución Nacional. Entendiendo que este principio constituye uno de los pilares de todo gobierno republicano y democrático, es primordial valorizar la importancia de contar con datos claros y veraces sobre los niveles de pobreza e indigencia de nuestro país, por cuanto ello nos permitiría intervenir y dar solución a dichos problemas estructurales y cuestiones básicas que concitan la atención, el interés y la movilización de la sociedad civil.
Llegar al que menos tiene y más necesita, debería ser una de las prioridades de toda política de Estado verdaderamente inclusiva. Para ello, es necesario fomentar una cultura de la transparencia que permita mejorar la calidad de las instituciones, atender a las necesidades de la población, asegurar la vigencia del derecho de igualdad ante la ley y desarrollar así una democracia legítima y eficiente. En este sentido, el secretismo, como política de Estado, afecta lisa y llanamente al ciudadano de a pie y sólo genera mayor desigualdad.
Lo más grave es que lo sucedido con el INDEC no constituye un hecho aislado, sino que se suma a los reiterados intentos que este Gobierno ha hecho por evadir el control de su gestión por parte del pueblo y de ampliar los márgenes de participación de la sociedad en los procesos decisorios de la administración. Hoy, la “negación” y el “ocultamiento” de la realidad parecen ser una política de Estado.
Como afirmo la Corte Suprema en el Fallo CIPPEC c/ Ministerio de Desarrollo: “La ‘vulnerabilidad’ de muchos conciudadanos es una experiencia cotidiana que lastima a quienes la sufren y a quienes son testigos de ella, todos los días. No es ocultando padrones que se dignifica a los vulnerables. (…) La transparencia -no la opacidad- beneficia a los vulnerables”.
Aunque el Jefe de Gabinete afirme que “La reducción de la pobreza ha sido drástica“, los dichos de la Comisión Pastoral Social o los índices brindados por la Universidad Católica Argentina indican otra cosa. La pobreza y la indigencia no son simples número, sino que constituyen una gravísima deuda de la democracia, que nunca ha sido subsanada, y una flagrante violación a los derechos humanos, que nos aleja de la plena vigencia del Estado Constitucional y Convencional de Derecho