Por: Diego Hernán Armesto
Mañana miércoles la Cámara de Diputados de la Nación buscará dar sanción definitiva al nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, que introduce importantes cambios en materia de matrimonio, adopción, divorcio y composición de sociedades comerciales, entre otros temas de gran importancia.
En el Anteproyecto, Ricardo Lorenzetti expresó que “Lo importante es, entonces, que el Código defina los grandes paradigmas del derecho privado a través de principios que van estructurados al resto del ordenamiento, y ésa es la proposición metodológica central de este Proyecto. (…) En este proyecto existe una comunicabilidad de principios entre lo público y lo privado (…)”.
Ahora bien, el tratamiento del proyecto en Comisiones fue llevado a cabo mediante un accionar flagrantemente violatorio del Reglamento de la Cámara de Diputados, en tanto una reforma de tal magnitud no puede llevarse a cabo mediante un trámite express. Al respecto, cabe destacar que, al momento de la sanción originaria del Código Civil en 1869, al codificador Vélez Sarsfield -quién fuera designado por el Presidente Mitre- le llevó cuatro años realizar su labor.
El Código Civil y Comercial es la Ley por la cual se rigen todas las relaciones y las acciones de la vida privada de las personas y es el Congreso el ámbito fundamental donde debe discutirse un texto de esta envergadura, en tanto el Legislativo es el espacio donde se construye la democracia: la voz del Pueblo debería verse representada allí.
En este sentido, el oficialismo de turno no debería imponerse por la fuerza del número y los debates no deberían obturarse con frases tales como “acá se hace lo que pide la Presidente” o “no se aceptan modificaciones”. En el Fallo “Rizzo”, la Corte Suprema sostuvo que “La doctrina de la omnipotencia legislativa que se pretende fundar en una presunta voluntad de la mayoría del pueblo es insostenible dentro de un sistema de gobierno cuya esencia es la limitación de los poderes de los distintos órganos y la supremacía de la Constitución”. Por lo tanto, es necesario buscar el diálogo, los lugares comunes donde todas las voces puedan ser escuchadas y donde el disenso pueda ser un aporte importante para transformar la realidad.
No se trata de imponer “la Junta del Amén”, sino de respetar la Constitución y de hacer un mejor producto final de la Ley y reivindicar en ella la representación del Pueblo en un proyecto de Nación con verdadera inclusión.