Por: Diego Hernán Armesto
El pasado 20 de noviembre los senadores opositores tomaron la decisión de no facilitar el acuerdo para cubrir la vacante que dejará el Juez de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni -cuya renuncia al cargo se hará efectiva a partir del 31 de diciembre próximo-. La oposición busca, así, que la designación se haga con el próximo gobierno.
Frente a tal situación, el Abogado Barcesat denunció por “sedición” a los senadores que firmaron un documento comprometiéndose a no tratar el pliego de un eventual reemplazante del Ministro de la Corte Suprema en el hipotético caso de que la Presidente Cristina Fernández de Kirchner envíe al Senado alguna propuesta para cubrir la vacante.
Ahora bien, debería analizarse si la figura de “sedición” es la correcta frente a una resolución que toma un cuerpo político como lo es la Cámara de Senadores. ¿Se debe, entonces, judicializar la política?.
Cabe destacar en primer lugar que la acusación de “sedición” no encuadra en la figura establecida en el Código Penal. Empero, si de denunciar se trata, debería resaltarse el hecho de que la decisión de los legisladores de no prestar acuerdo ante una hipotética propuesta de reemplazo a la vacante que ha de generarse en breve fue resuelta dentro de sus propias atribuciones. En otras palabras, esta es una cuestión constitucional y si ante una propuesta para ocupar una vacante en el Máximo Tribunal los senadores entienden que no pueden y no quieren prestar “acuerdo” para ello, están en todo su derecho de hacerlo.
Por otra parte, si tomásemos la figura de “sedición” al pie de la letra como insta a hacer el abogado denunciante, éste debería “vivir” en Tribunales denunciando también al oficialismo por motivos similares. Si uno observa este período ordinario de sesiones en el Congreso -especialmente en la Cámara de Diputados-, en lo que va del año la oposición intentó, vanamente, discutir las actualizaciones al impuesto a las ganancias -conocido popularmente como el “impuestazo al sueldo”-: en total llevaron a cabo 5 sesiones denominadas en minoría, donde la “oposición” sin presencia del oficialismo fracasó sistemáticamente.
De esta forma, ¿no debería algún abogado buscarse algún tipo “penal” para la actitud política asumida por el “oficialismo”? Claramente, la respuesta es ¡no!, ya que en el juego de mayorías y minorías dentro de un cuerpo político, todo lo resuelve la “política”.
Judicializar la política sería, entonces, un grave error, por cuanto existe una zona de reserva propia de cada poder del Estado donde se ponderan las necesidades y los fines buscados por las políticas de Estado definidas tanto por el oficialismo como por la oposición.
En suma, no se puede bajo ningún aspecto desde el órgano jurisdiccional obligar a otro poder del Estado –en este caso, el Congreso-, donde se encuentra definida claramente su zona de reserva a prestar “acuerdo” para cubrir la vacante en la Corte Suprema. Del mismo modo, tampoco se puede obligar al oficialismo a que dé quórum para tratar el “impuesto a las ganancias”. Es hora de que alguna vez se entienda que debemos volver a la política y dejar que los frenos y contrapesos funcionen correctamente.
Estamos frente a un tiempo de diálogo, donde es necesario buscar consensos y lugares comunes para definir políticas de Estado a largo plazo. Es hora de la política, y de asumir la responsabilidad de llevar a cabo las transformaciones que esta sociedad necesita para salir adelante como Nación.