Por: Diego Hernán Armesto
Recientemente se ha dado a conocer la noticia de que un joven bachiller de 35 años -Federico Martelli- ha sido designado con la categoría de “Embajador Extraordinario y Plenipotenciario” en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación mediante el decreto 1258/2014.
Desde el punto de vista legal, y en lo que respecta a las atribuciones que tienen el Poder Ejecutivo, tal designación no tiene objeción alguna, puesto que así lo expresa el Art. 6 de la Ley 20.957 -Régimen de Servicio Exterior de la Nación-: “El Poder Ejecutivo podrá asignar categoría diplomática de embajador, al solo efecto del rango protocolar, a personas ajenas al Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación, para la realización de cometidos especiales y concretos y mientras duren los mismos…”.
Ahora bien, dicha selección no debería obviar las condiciones que establece nuestra Constitución Nacional para el acceso a los cargos públicos. En este sentido, el Art. 16 de la misma considera que: “…Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad…”.
Aquí tiene lugar una gravísima violación al texto constitucional, por cuanto para el caso del Excmo. Embajador Martelli no es necesaria la “idoneidad” sino que lo importante se resume,según él mismo, a sus 21 años de militancia: “Milito desde el año 94, siempre del mismo lado” manifestó exultante a distintos medios de comunicación.
Cabe recordar que la “idoneidad” consiste en las condiciones morales, físicas y éticas que posee una persona para desempeñar un cargo público, y hoy vemos que la “militancia” le lleva ventaja a la idoneidad a la hora de ser funcionario.El Poder Judicial es un caso testigo de ello, en donde muchas veces en los concursos para acceder a cargos -no en todas las oportunidades – se tiñen de dudas y sospechas por el llamativo número de “militantes” ganadores por sobre quienes efectivamente poseen la aptitud que el texto fundamental reclama para desempeñar con eficiencia el cargo al que se postulan.
Ser funcionario es un servicio público y estas decisiones atentan contra las instituciones de la República, desvirtuando la propia “función” y transformando al Estado en una suerte de “aguantadero militante” que no busca a los mejores, sino a los que más carteles pegan y los que a más actos y marchas asisten para sostener un determinado proyecto.
Será una obligación entonces del próximo Gobierno desterrar estas prácticas, rediseñando al Estado para hacerlo eficiente y transparente, sumando experiencia, saberes y conocimiento, por encima de los compromisos partidarios con el único objetivo de encontrar las mejores soluciones para todos los ciudadanos.
Infobae no se responsabiliza por las opiniones vertidas por los columnistas, como así tampoco por el contenido de las publicaciones