Por: Nicolas Lafferriere
Desde hace unos años, un intenso debate judicial se extiende por los Tribunales de los Estados Unidos en torno a la pena de muerte y el sufrimiento de los condenados. En efecto, mientras siguen vigentes normas que permiten aplicar la pena capital por los crímenes más graves, un movimiento de resistencia contra la brutalidad del procedimiento se expande y ha logrado ya frenar algunas ejecuciones.
La más reciente decisión data del pasado 27 de enero de 2015. La Corte Suprema pospuso la ejecución de tres presos del estado de Oklahoma hasta escuchar sus alegatos en el mes de abril. El motivo de la decisión se encuentra en que el procedimiento para matar incluye un sedativo, midazolam, que no asegura una sedación completa que reduzca eficazmente los dolores que provocan las otras dos drogas que se aplican en la inyección letal y que producen la parálisis y la muerte.
Según informa el blog de la Corte Suprema (http://www.scotusblog.com/2015/01/oklahoma-executions-put-off/), Oklahoma y otros estados llevan dos años de batallas judiciales para encontrar nuevas formas de aplicar la pena de muerte, dado que un protocolo de tres drogas que había sido aprobado en una sentencia de la Corte en 2008 ya no se encuentra disponible, porque las compañías farmacéuticas se rehúsan a producir una de las drogas.
Ante esta situación, Oklahoma y Florida recurrieron a la nueva combinación de drogas que ahora incluye midazolam, pero este sedativo no está aprobado por el gobierno federal para uso como anestésico y se duda si es capaz de producir un sueño suficientemente profundo como para que el preso experimente menos dolor en la inyección letal.
En un boletín del Centro de Bioética, Persona y Familia, dimos cuenta de los conflictos éticos que enfrentan los médicos que deben administrar la pena de muerte, luego de una ejecución fallida que provocó al preso una agonía de una hora.
La pena de muerte es una de las expresiones de una cultura de la muerte que pretende poner fin a los problemas eliminando seres humanos. Entendemos que siempre es posible buscar soluciones sin tener que matar. En el caso de los autores de los delitos más graves, la sociedad y el estado tienen el desafío de cuidar a la víctima, acompañarla y darle todo el apoyo para salir adelante y actuar sobre el criminal a través de medidas proporcionadas y justas, que reparen el daño y apunten a su conversión y resocialización, sin por eso matar al culpable.